El régimen bolivariano parece estar dispuesto a cruzar el punto de no retorno para dejar atrás toda apariencia de democracia, al hacer planes para encarcelar al máximo líder de la oposición, silenciar las voces de los diputados en el Congreso y darle carta blanca a la represión.
Las acciones del régimen de Caracas se producen en momentos en que enfrenta una crisis de legitimidad, con la oposición cuestionando los resultados de los comicios presidenciales del domingo en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, por un margen inferior a dos puntos porcentuales.
Pero el potencial arresto del líder de la oposición, Henrique Capriles, aunado a las emergentes dudas sobre la legitimidad de origen del nuevo gobierno de Maduro, podrían terminar de encasillar al régimen firmemente en la columna reservada para las dictaduras.
Ya Maduro venía ejerciendo la presidencia ilegítimamente al ser inaugurado en nombre del entonces enfermo Hugo Chávez, dijo el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez.
Pero esto es diferente, sostuvo en una entrevista telefónica.
“Cuando se posesionó Maduro, ya la democracia de Venezuela estaba enferma. Maduro usurpó el poder ese 10 de enero, y la ilegitimidad del régimen corre desde entonces. Pero lo que tenemos ahora es la culminación de un proceso de descomposición democrática, que está llevando lo que era un sistema que estaba enfermo a un sistema que ahora está agonizante”, expresó Cochez.
Maduro enfrenta el clamor de más de la mitad del país para que autorice el recuento de los votos depositados en las elecciones del domingo, en medio de las acusaciones de la oposición de que las más de 3,000 irregularidades detectadas pudieron haber cambiado el verdadero resultado de los comicios.
Pero las solicitudes de un recuento fueron enfrentadas esta semana con la represión de las manifestaciones de protesta que los opositores realizaban pacíficamente en diferentes ciudades del país, acciones que dejaron al menos siete muertos, y con órdenes emitidas por Maduro al sistema judicial venezolano para que abra procesos contra Capriles, el candidato presidencial de la oposición.
Irónicamente, el gobierno bolivariano pretende encarcelar a Capriles, acusándole de ser el responsable de la violencia ejercida por los organismos de orden público.
“Lo van acusar de los delitos de incitar a la población a la rebelión, causar desórdenes públicos y el cierre de vías públicas. Además será investigado por las muertes y lesiones provocadas en las protestas [del martes]”, dijo a El Nuevo Herald una fuente con acceso a la información.
“Las órdenes van contra Capriles, su comando de campaña y algunos integrantes de la MUD [Mesa de la Unidad Democrática]”, agregó.
Las maniobras del régimen de Caracas pretenden silenciar el creciente clamor de un recuento de los votos emitidos el viernes, que según el CNE le otorgó a Maduro una victoria de 50.75 por ciento frente al 48.98 por ciento que habría obtenido Capriles.
Fuente
ElNuevoHerald
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