Acusaciones de trata de blancas, prostitución de menores y orgías recaen sobre el líder opositor.En su recién ordenado plan de "lucha contra la corrupción", el gobierno del presidente Nicolás Maduro se concentra en apuntar más fuera que dentro del gobierno, especialmente contra el partido opositor, Primero Justicia, y su líder más importante, el gobernador de Miranda y excandidato presidencial Henrique Capriles, a quien ahora vinculan con una supuesta red de trata de blancas y prostitución de menores.
La institución que ha asumido la batuta de las acusaciones es la Asamblea Nacional. Desde allí se vinculó hace dos semanas al director de Despacho de la Gobernación de Miranda, Oscar López, con el manejo de hasta 190.000 dólares de manera irregular, y esta misma semana se le acusó de manejar una red de prostitución, supuestamente con la anuencia del gobernador Capriles.
“Esa red funciona directamente desde el despacho del gobernador de Miranda, de su director de despacho”, aseguró el presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, “vamos a cazar a los corruptos donde estén (…) el brazo de la justicia va a llegar a un asesino fascista que se llama Capriles Radonski”.
En esa misma sesión, el diputado Pedro Carreño aseguró tener el expediente policial en el que supuestamente se acusa a Capriles de cometer “actos inmorales en la vía pública” en el año 2000. Sin mostrar el documento, protagonizó uno de los episodios más vergonzosos del parlamento venezolano, retando al gobernador a asumir su responsabilidad en estos términos: “Responde, homosexual. Acepta el reto, maricón”.
La oposición venezolana no tardó en advertir a la opinión pública que se trata de una nueva y agresiva ofensiva del gobierno tanto para desacreditarla y para desmovilizar el voto opositor de cara a las elecciones municipales que se llevarán a cabo en diciembre de este año. Políticamente estos comicios ya comienzan a ser estimados como un “plebiscito” en el que se medirá el apoyo con que cuenta el chavismo luego de las cuestionadas elecciones en las que el presidente Maduro ganó con un escaso margen de 1,7 por ciento sobre Capriles.
Hasta ahora, los diputados chavistas que han hecho las acusaciones no han presentado ante la Fiscalía las pruebas sobre la “red de prostitución”, y a los abogados defensores de Oscar López no se les ha dado acceso al expediente que lo acusa de corrupción.
El gobernador Capriles ha dicho que la ofensiva es un “circo” y ha pedido a sus seguidores no desesperar. “No confundan la paciencia y la tolerancia con ser pendejo”, señaló, retando luego al gobierno. “Ese circo es porque el Gobierno va palo abajo (...) ¿Qué no quieren ellos? Que exista alguien que los enfrente, que les diga las verdades en su cara. Por ahí andan diciendo que me van a meter preso, ¡que le echen bola, que aquí estoy listo!”.
Por varios flancos
Además de estos señalamientos, la oposición recibió un fuerte golpe hace dos semanas con la desestimación total hecha por el Tribunal Supremo de Justicia de las 10 solicitudes (dos interpuestas por el gobernador Capriles, el resto por otros ciudadanos) de impugnación contra las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril.
Al emitir su respuesta, el máximo tribunal decidió además multar a Capriles con casi 1.800 dólares por haber utilizado “conceptos irrespetuosos” contra los poderes públicos y solicitó a la Fiscalía que le abra una investigación.
Pero el tema no se queda en el ex candidato presidencial. La oposición asegura que el hostigamiento comenzó con la anulación de la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo, también del partido Primero Justicia, por la supuesta recepción y ocultamiento de grandes sumas de dinero. La investigación, que comenzó en la Asamblea Nacional, fue llevada totalmente en secreto por el diputado Carreño. Mardo, un importante líder del estado Aragua, asegura que los cheques presentados en su contra son falsos, por lo que introdujo una acusación ante la Fiscalía por forjamiento de pruebas.
Los medios no han estado fuera de la arremetida. Hace ya casi un mes fue arrestado Leocenis García, director del diario '6° Poder' y crítico acérrimo de la administración del fallecido presidente Hugo Chávez y hoy del presidente Maduro. A él se le acusa de supuesta evasión fiscal, fraude tributario y legitimación de capitales, por lo que se le han congelado las cuentas bancarias con las que se además se sostiene la elaboración y circulación del diario. A pesar de ser civil, está detenido en la Dirección de Inteligencia Militar y actualmente lleva a cabo una huelga de hambre como protesta por su caso.
También se han congelado las cuentas bancarias al director del diario 'El Nacional', Miguel Henrique Otero, producto de una acusación privada formulada por el exalcalde metropolitano y exdirector de ese diario, Alfredo Peña. Aunque la demanda fue hecha en el año 2003 por una deuda de 3,5 millones de dólares que supuestamente debe Otero a Peña, es ahora que la Fiscalía tomó la decisión.
Otero asegura que se trata de una nueva presión para bajar el tono a la línea crítica de su diario, el cual además recibió una multa del 1por ciento de sus ganancias netas del año 2009 por haber publicado en el año 2010 en primera página una foto sobre el estado de la morgue de Caracas, en la que podía verse una pila de cadáveres desnudos y en descomposición.
Al diario 'TalCual', que también publicó la misma foto en solidaridad con 'El Nacional', se le aplicó la misma multa. A ambos medios se les prohibió la publicación, a partir de ahora, de cualquier foto que exprese situaciones de agresividad o violencia, a pesar de ser editados en una de las ciudades más inseguras del mundo.
Valentina Lares Martiz
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas
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