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sábado, 17 de agosto de 2013

Fiscalía evalúa carácter penal en denuncia del TSJ contra Capriles

De las denuncias contra el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, la única por la que el Ministerio Público evalúa una posible responsabilidad penal es la formulada por la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, por ofensa al máximo tribunal y a sus magistrados en el recurso de impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril.




La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público recibió la denuncia de la presidente del TSJ y que especialistas de esa institución investigan para determinar si existe carácter penal en las supuestas ofensas del gobernador contra el Poder Judicial.
Las fotografías y correos que mostró el diputado José Ávila en la Asamblea  Nacional, que presuntamente vinculan al director del Despacho de la Gobernación de Miranda, Oscar López, con una supuesta red de prostitución de hombres y mujeres, son parte de un allanamiento ordenado por el Ministerio Público y efectuado por organismos policiales. Al consultarle a la fiscal sobre la publicación de esas pruebas, indicó que las fotografías mostradas no tienen que ver con ninguna investigación que adelante ese organismo.

“Me defenderé”. Ortega Díaz afirmó que es la primera interesada en la lucha contra la corrupción, iniciativa que ha adelantado el Gobierno en las últimas semanas.
Sobre la denuncia  que interpuso el diputado Ismael García en su contra ante el Poder Moral Republicano por presuntamente haber omitido nueve denuncias de corrupción, respondió: “Si algo sé yo es defenderme, si algo sé bien es de derecho penal. Me defenderé”.
Uno de los tantos casos que tiene horrorizado al sexo femenino es el de la agrupación delictiva “las Pirañas”, que se han dedicado a cortar el cabello de mujeres en Zulia, Carabobo, Aragua y Nueva Esparta.
 Ortega Díaz aseguró que la Fiscalía adelanta investigaciones para capturar a los responsables, vinculados en asociación para delinquir.
Batalla anticorrupción. La fiscal informó que  ayer fueron acusados ante el Tribunal 2º de Control del estado Guárico el ex gobernador Luis Enrique Gallardo y cinco ex funcionarios de su equipo por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.
Fueron acusados de delitos de peculado doloso propio, violación de procedimientos licitatorios, malversación específica de fondos públicos y concierto de funcionario con contratista.
Anunció que la fiscal 84º con competencia nacional, Dizlery Cordero, fue comisionada para investigar presuntos hechos de corrupción en la empresa Suministros Venezolanos Industriales, C. A. (Suvinca), encargada de la entrega de vehículos.
Ortega Díaz inauguró la División de Peritaje Médico Forense con el fin de garantizar la celeridad del proceso de evaluación de víctimas de maltrato u otras afecciones, en vista de que el Ministerio Público asumirá a través de esa división hasta 60% la demanda de atención a víctimas en ese tipo de casos.
Se  prevé atender a 120 personas evaluadas por día. La dependencia cuenta con 6 médicos forenses, 3 traumatólogos, un ginecoobstetra, un cirujano, un patólogo clínico, 5 enfermeras y 5 auxiliares de laboratorio.

Amuay: “caso complejo” sin respuesta
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz,  recordó que el 28 de agosto se cumple un año de la explosión en la planta refinadora de Amuay. Sin embargo el Ministerio Público aún no ha terminado el informe técnico que determine lo que ocasionó la explosión.
Al ser consultada sobre el asunto, la funcionaria afirmó que esa investigación es muy compleja desde el punto de vista técnico.
Recordó que hubo 42 personas fallecidas, cuyos restos fueron entregados a sus familiares, 120 lesionados y 5 desaparecidos.
Indicó que hasta ahora se han efectuado 412 entrevistas y 166 inspecciones técnicas y pruebas de laboratorio. Además, se debió practicar otras diligencias que eran útiles y pertinentes para la investigación. Añadió que aún faltan 40 inspecciones.
Expresó que en la investigación han laborado más de 50 expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales y de la Dirección de Gestión Social, que atendieron a los familiares de las víctimas.
El 21 de diciembre de 2012, en la inauguración de una fiscalía municipal en la parroquia San Martín, Ortega Díaz aseguró que  el informe estaría listo y presentado en la Asamblea Nacional a principios de 2013.

Niños sin protección
La Dirección de Protección Integral de la Familia, adscrita al Ministerio Público, ha recibido   este año 2.063 denuncias, de las cuales 204 son de maltrato a niños y adolescentes al menos en el primer semestre del año, según cifras de Ortega Díaz. Explicó que la Fiscalía  maneja en lo que va de 2013, 51 muertes de mujeres en todo el territorio nacional por razones de género.

F : UltimaHora

sábado, 13 de julio de 2013

Papa Francisco reforma el código penal y refuerza sanciones contra la pederastia

El papa ha aprobado una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano que contempla, entre otras, la introducción del delito de tortura, la supresión de la cadena perpetua y una amplia y mayor definición de los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores.

Con esta reforma, aprobada a través de un "Motu Proprio" (documento papal), el papa Francisco prosigue la puesta al día del ordenamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por Benedicto XVI, informó el Vaticano.
El sistema penal vaticano está basado todavía, en algunos aspectos, en el italiano Código Zanardelli adoptado en 1929 tras los Pactos Lateranenses con Italia que dieron vida al Estado de la Ciudad del Vaticano.
Con este reforma, que afectará a todo el territorio del Vaticano y a los nuncios (embajadores) y al personal diplomático de la Santa Sede, Francisco pretende adecuar la legislación vaticana a la legislación internacional, también en la lucha contra la criminalidad internacional, el blanqueo de dinero y el terrorismo.
LAS REFORMAS
Entre las reformas, destaca la introducción del delito de tortura y una mayor precisión sobre los delitos de trata de personas, prostitución, violencia sexual, pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y abusos contra menores.

Ya el 15 de julio de 2010, Benedicto XVI dio una vuelta de tuerca en su lucha contra la pederastia y aprobó una reforma que introducía la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.
También equiparó los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores e introdujo un nuevo delito por el que se castigaba la adquisición, posesión y difusión "por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio", de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.
Ahora, Francisco también ha incluido en la normativa el delito contra la humanidad, el genocidio y el "apartheid", así como normas más duras contra la corrupción.
El papa Bergoglio ha abolido la condena a cadena perpetua y la ha sustituido por penas que van de los 30 a los 35 años.
El secretario de Estado de la Santa Sede ("ministro de Exteriores"), el arzobispo Dominique Mamberti, señaló que las leyes aprobadas representan una "intervención normativa de largo alcance" y desarrollan también las adoptadas por Benedicto XVI a partir de 2010 sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Mamberti precisó que a pesar de los cambios de muchas normas "no sería correcto" afirmar que las conductas en ellas sancionadas fueran hasta ahora penalmente lícitas," ya que de hecho se castigaban".

El arzobispo francés añadió que la introducción de las nuevas disposiciones "sirve para identificar con mayor certeza y definición los casos delictivos y cumplir, así, con las normas internacionales, ajustando las sanciones a la específica gravedad de los hechos".
Mamberti destacó entre las nuevas figuras delictivas introducidas la extradición de todas las personas acusadas o declaradas culpables de los delitos sobre seguridad área o marítima cometidos en el extranjero "en el hipotético caso de que se hubieran refugiado en el Estado de la Ciudad del Vaticano".
En el tema financiero, el secretario de Estado de la Santa Sede destacó la actualización de las normas sobre confiscación, "reforzada por la introducción de la medida de bloqueo preventivo de los bienes", señaló.F; Rpp

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