El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece esta tarde en la sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, para solicitar al parlamento la concesión de poderes especiales. El sucesor designado por Hugo Chávez para dirigir la autodenominada Revolución Bolivariana plantea que solo con nuevas facultades podrá combatir efectivamente la corrupción –que, por ironía, hasta ahora achaca a funcionarios del entorno del excandidato presidencial opositor y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski- y la “guerra económica” que, asegura, los sectores de la oposición y “el imperialismo” han emprendido contra su régimen.
La normativa venezolana incluye la figura de una Ley Habilitante que, aprobada por el parlamento, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante un tiempo determinado sobre temas previamente establecidos. Si bien se trata de un recurso de excepción, para los mandatarios venezolanos se ha convertido “casi en un símbolo de estatus y de poder”, como escribió en una nota editorial Teodoro Petkoff, veterano líder político y director del matutino caraqueñoTalCual. El mismo Hugo Chávez gozó de cuatro leyes habilitantes en 14 años de Gobierno, bajo cuyo amparo promulgó más de 200 leyes. La última ocasión en que pidió poderes especiales fue en diciembre de 2010, con el pretexto de la situación de emergencia impuesta ese mes por las intensas lluvias que dejaron sin hogar a miles de personas.
En esta ocasión, los casos de corrupción que trascienden hasta las páginas de la prensa amenazan con enajenar el apoyo de las bases a un Gobierno tambaleante tras casi seis meses de vigencia. También es cierto que la economía se va a pique con un desabastecimiento pertinaz de bienes de consumo, la mayor tasa de inflación del hemisferio occidental –y la tercera del mundo-, y unas reservas internacionales en mengua. La situación es tan aguda que este mismo martes se cobró la cabeza de Nelson Merentes, todavía a cargo del Ministerio de Finanzas, pero destituido de la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, puesto en el que pasa a sustituirlo el todopoderoso ministro de Energía y Petróleo y presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Rafael Ramírez.
Pero los sectores de oposición temen que la petición de poderes especiales sea en realidad un artilugio para ofrecer a Maduro márgenes aún mayores para ejercer la represión, en momentos en los que el mandatario venezolano anuncia el inicio de una “nueva etapa” de la revolución para un “octubre de victoria temprana” en su enfrentamiento contra la guerra –económica, psicológica, mediática o de “cuarta generación”, según la caracterización que de ella hace el chavismo- que se le estaría haciendo desde los cuarteles de “la derecha”.
Las suspicacias opositoras cobran fuerza cuando se pasa revista al control que el Gobierno chavista detenta sobre los demás poderes, con una mayoría simple en el parlamento, y jueces y funcionarios obedientes en los tribunales, contraloría y fiscalía.
La oposición, nucleada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ya ha anunciado que sus diputados votarán en contra de la solicitud presidencial.
De acuerdo a las reglas de la Asamblea Nacional, la petición de una Ley Habilitante deberá ser discutida y votada en los próximos cinco días de sesión parlamentaria. Si bien se da por descontada su aprobación, todavía persiste una dosis de intriga acerca de cómo se logrará. Las fuerzas oficialistas cuentan con 98 votos en la Asamblea, pero para aprobar una solicitud de esta índole se requiere del voto afirmativo de tres quintas partes del total de las curules, lo que equivale a 99 diputados. Ello obligaría al chavismo a drenar al menos un voto de la bancada opositora.
Desde hace días, los voceros gubernamentales –incluyendo al propio presidente Maduro, quien dijo que podrían tener “hasta 100, 101 o 102 diputados”- vienen jactándose de que ya contarían con ese preciado voto. El enigma de quién será ese “diputado 99” ha minado la unidad de las filas opositores, cuyos diputados se miran de reojo tratando de adivinar de dónde provendrá la deserción. Anticipando que el cambio de camiseta de algún diputado pueda producirse por presiones del Gobierno o por una irresistible oferta de prebendas económicas o de otro tipo, voceros de la oposición han subrayado la paradoja de que una ley para combatir la corrupción pudiera aprobarse mediante un procedimiento corrupto.
De cualquier manera el oficialismo se blinda para no depender exclusivamente del expediente de la traición. Así, la semana pasada la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz –una fiel seguidora del chavismo-, anunció la apertura de un antejuicio de mérito para eventualmente despojar de su inmunidad parlamentaria a la diputada María Aranguren, acusada de actos de corrupción. Aranguren, representante del estado oriental de Monagas, fue militante del progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta que desertó y se unió a la bancada de oposición. Se le achacan manejos irregularidades cuando, como funcionaria chavista del estado Monagas, administró una fundación local. Si se le destituyera, su suplente, Carlos Flores, podría encarnar el voto 99 que se busca.
Maduro ha concedido gran relevancia a la sesión del martes por la tarde. Convocó a los grupos de base que lo apoyan a congregarse en torno al Palacio Legislativo, en pleno centro de Caracas. Además, advirtiendo que habría sectores de oposición “muy nerviosos” por su comparecencia ante la asamblea Nacional, pidió a sus cuerpos de seguridad prevenir “cualquier locura” contra su persona.
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