Acosado por una palpable caída en su popularidad, el régimen de Nicolás Maduro ha emprendido una agresiva campaña de contrataciones para incrementar su arraigo en la población venezolana, pero no todo el mundo puede optar a los cargos del sector público. Para acceder a ellos, el aplicante debe demostrar su afinidad con el chavismo.
Las contrataciones, que firmas privadas colocan en más de 350,000 en lo que va de año, son realizadas cuando el régimen trata de mejorar su posición de cara a los comicios municipales de diciembre, evento que el chavismo y la oposición han convertido en la gran prueba que demostrará al mundo cuál de los dos realmente tiene la mayoría en el país.
“Ellos están abultando el sector público porque saben que eso puede ser digitalizado, fiscalizado, y mostrado como un logro ante el espectro de la crisis”, dijo William Barrientos, diputado por el opositor partido Un Nuevo Tiempo.
No obstante, los puestos de trabajo solo están disponibles para los militantes del Socialismo del Siglo XII, y para cerciorarse de que esto sea así, el régimen ha creado un sistema de filtros para detectar las inclinaciones políticas del potencial empleado, comentó el diputado.
Una vez contratado, el empleado es sometido a una minuciosa vigilancia, agregó.
“Por cada empleado que contratan, le ponen al lado dos o cuatro miembros del chavismo que han sido bien entrenados por los cubanos, para los efectos de tener el control sobre ellos y mantener la fiscalización”, alertó Barrientos.
Funcionarios del gobierno venezolano no estuvieron disponibles para hacer comentarios a El Nuevo Herald.
El gobierno bolivariano lleva años utilizando los recursos del Estado como herramienta de proselitismo político, recompensando a sus seguidores con empleos y beneficios sociales y castigando con el abandono estatal a quienes sospecha que son opositores.
Pero las prácticas de apartheid económico se recrudecieron este año, luego de que el régimen descubriera que un gran número de empleados públicos y de beneficiarios de sus programas sociales no votaron a favor de Maduro en los comicios presidenciales de abril.
El heredero del fallecido Hugo Chávez fue declarado el ganador de los comicios por un margen inferior a 1.5 puntos porcentuales, luego de que cerca de un millón de electores tradicionalmente chavistas migraran hacia la oposición.
Esa migración provocó la ira del propio Maduro.
“900,000 compatriotas, 900,000, ya los tenemos, cédula de identidad y todo”, declaró en mayo Maduro, refiriéndose en tono amenazador a los chavistas que no votaron por él.
Los comentarios fueron hechos en medio de las denuncias de miles de empleados públicos de que el chavismo había iniciado una cacería de brujas para despedir a quienes sospechaban que votaron por el opositor Henrique Capriles en la elección presidencial.
“Hoy en día para ser contratado debes demostrar tu lealtad al chavismo”, dijo un joven ingeniero petrolero, quien tras permanecer más de un año desempleado, viajó en busca de trabajo los mil kilómetros que separan a Maracaibo, en el estado Zulia, de El Tigre, en Anzoátegui.
“Me entrevistaron dos personas, una de ellas era una psicóloga, que me preguntó si había votado por Maduro en las últimas elecciones”, relató el joven que habló bajo condición de anonimato.
“Después de que dije que sí, me preguntó por qué no estaba inscrito el en el PSUV (el partido de gobierno). Más tarde me pasaron a otra entrevista que al inicio era más técnica pero donde luego me formularon las mismas preguntas. Cuando respondí que no estaban inscrito en ningún partido porque no tenía inclinaciones políticas pusieron mala cara”, agregó.
El joven sigue desempleado.
Aunque generalmente pagan poco, los puestos en el sector público son codiciados debido a la escasez de oferta en el sector privado, en momentos en que la severa crisis económica y años de políticas hostiles al empresariado, incluyendo una ola de expropiaciones, han dejado a las compañías con poco ánimo de expander sus operaciones.
El régimen también enfrenta graves problemas de liquidez, pero aún sigue contratando, en un intento por mejorar sus prospectos de cara a las elecciones de diciembre. En la actualidad, la popularidad del gobierno se mantiene por debajo del 45 por ciento, según varias encuestas publicadas recientemente.
Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends radicada en Washington, dijo que el gobierno bolivariano ha incrementado la nómina estatal en unos 360,000 puestos de trabajo en lo que va de año aún cuando enfrenta una aguda crisis de liquidez que mantiene virtualmente paralizada la economía nacional.
Pero el incremento de la nómina estatal no fue diseñado para tratar de reactivar a la economía nacional o tratar de aliviar los problemas económicos de las familias venezolanas.
“La intención de incrementar la nómina pública es poder asegurar la coerción social de la población en las venideras elecciones regionales de alcaldes y concejales del 8 de diciembre”, sentenció De La Cruz.F: ElNuevoHerald
“Ellos están abultando el sector público porque saben que eso puede ser digitalizado, fiscalizado, y mostrado como un logro ante el espectro de la crisis”, dijo William Barrientos, diputado por el opositor partido Un Nuevo Tiempo.
No obstante, los puestos de trabajo solo están disponibles para los militantes del Socialismo del Siglo XII, y para cerciorarse de que esto sea así, el régimen ha creado un sistema de filtros para detectar las inclinaciones políticas del potencial empleado, comentó el diputado.
Una vez contratado, el empleado es sometido a una minuciosa vigilancia, agregó.
“Por cada empleado que contratan, le ponen al lado dos o cuatro miembros del chavismo que han sido bien entrenados por los cubanos, para los efectos de tener el control sobre ellos y mantener la fiscalización”, alertó Barrientos.
Funcionarios del gobierno venezolano no estuvieron disponibles para hacer comentarios a El Nuevo Herald.
El gobierno bolivariano lleva años utilizando los recursos del Estado como herramienta de proselitismo político, recompensando a sus seguidores con empleos y beneficios sociales y castigando con el abandono estatal a quienes sospecha que son opositores.
Pero las prácticas de apartheid económico se recrudecieron este año, luego de que el régimen descubriera que un gran número de empleados públicos y de beneficiarios de sus programas sociales no votaron a favor de Maduro en los comicios presidenciales de abril.
El heredero del fallecido Hugo Chávez fue declarado el ganador de los comicios por un margen inferior a 1.5 puntos porcentuales, luego de que cerca de un millón de electores tradicionalmente chavistas migraran hacia la oposición.
Esa migración provocó la ira del propio Maduro.
“900,000 compatriotas, 900,000, ya los tenemos, cédula de identidad y todo”, declaró en mayo Maduro, refiriéndose en tono amenazador a los chavistas que no votaron por él.Los comentarios fueron hechos en medio de las denuncias de miles de empleados públicos de que el chavismo había iniciado una cacería de brujas para despedir a quienes sospechaban que votaron por el opositor Henrique Capriles en la elección presidencial.
“Hoy en día para ser contratado debes demostrar tu lealtad al chavismo”, dijo un joven ingeniero petrolero, quien tras permanecer más de un año desempleado, viajó en busca de trabajo los mil kilómetros que separan a Maracaibo, en el estado Zulia, de El Tigre, en Anzoátegui.
“Me entrevistaron dos personas, una de ellas era una psicóloga, que me preguntó si había votado por Maduro en las últimas elecciones”, relató el joven que habló bajo condición de anonimato.
“Después de que dije que sí, me preguntó por qué no estaba inscrito el en el PSUV (el partido de gobierno). Más tarde me pasaron a otra entrevista que al inicio era más técnica pero donde luego me formularon las mismas preguntas. Cuando respondí que no estaban inscrito en ningún partido porque no tenía inclinaciones políticas pusieron mala cara”, agregó.
El joven sigue desempleado.
Aunque generalmente pagan poco, los puestos en el sector público son codiciados debido a la escasez de oferta en el sector privado, en momentos en que la severa crisis económica y años de políticas hostiles al empresariado, incluyendo una ola de expropiaciones, han dejado a las compañías con poco ánimo de expander sus operaciones.
El régimen también enfrenta graves problemas de liquidez, pero aún sigue contratando, en un intento por mejorar sus prospectos de cara a las elecciones de diciembre. En la actualidad, la popularidad del gobierno se mantiene por debajo del 45 por ciento, según varias encuestas publicadas recientemente.
Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Inter American Trends radicada en Washington, dijo que el gobierno bolivariano ha incrementado la nómina estatal en unos 360,000 puestos de trabajo en lo que va de año aún cuando enfrenta una aguda crisis de liquidez que mantiene virtualmente paralizada la economía nacional.
Pero el incremento de la nómina estatal no fue diseñado para tratar de reactivar a la economía nacional o tratar de aliviar los problemas económicos de las familias venezolanas.
“La intención de incrementar la nómina pública es poder asegurar la coerción social de la población en las venideras elecciones regionales de alcaldes y concejales del 8 de diciembre”, sentenció De La Cruz.F: ElNuevoHerald
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