La negativa del Tribunal Supremo de Justicia a que los magistrados Jhannett Madriz y Malaquías Gil quedaran fuera del caso en el que se decidirá si las presidenciales deben repetirse es una prueba de que el máximo tribunal busca proteger al Gobierno, aseguró el constitucionalista Gerardo Fernández. El abogado es integrante del grupo de juristas que interpuso en nombre de Henrique Capriles Radonski la impugnación de los comicios y las referidas recusaciones.
“La declaratoria sin lugar de las recusaciones sólo pretenden proteger al régimen. Las decisiones adversas del TSJ en este caso demuestran que hubo fraude electoral”, señaló el abogado.
Fernández considera que sólo la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial pueden servir para entender que se permita decidir en la impugnación de las elecciones a Madriz, que fue embajadora cuando Hugo Chávez era jefe del Estado y el actual presidente, Nicolás Maduro, era canciller. indicó que el magistrado Gil fue diputado por el partido de gobierno durante 10 de los 14 años de mandato de Chávez.
“Ambos magistrados formaron parte del PSUV, así que no pueden asumir este juicio con objetividad para administrar justicia. El tribunal rechazó las recusaciones alegando que los dos habían renunciado a su militancia, pero una persona no cambia de ideología por separarse de un partido. Las formas de pensar son intrínsecas a los individuos, por lo que es innegable que ellos están parcializados a favor del régimen”, argumentó Fernández.
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El abogado constitucionalista José Vicente Haro afirma que la denuncia internacional es el camino que queda luego de la declaratoria sin lugar de las recusaciones contra los magistrados Madriz y Gil. Dijo que con este antecedente es fácil suponer el destino de la impugnación contra los resultados del proceso comicial del 14A.
Añadió que aunque existe la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante la Sala Constitucional, esta vía no es recomendable. Destacó que sin tener un dictamen sobre el recurso contencioso introducido por el candidato opositor y la unidad, se puede recurrir a otras instancias.
“Se ha violado el debido proceso y el derecho al juez natural, consagrados en el artículo 49 de la Constitución, y se pueden denunciar estos hechos ante el sistema interamericano y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y la Comisión de Derechos humanos de Mercosur”.
Indicó que aunque en septiembre se hará efectiva la salida de Venezuela del sistema interamericano, procedería la gestión ante esta instancia porque los hechos denunciados corresponden a abril, cuando el Estado aún estaba suscrito a esos convenios.
Adelanto de opinión
El abogado José Vicente Haro señaló que la denuncia ante el sistema interamericano puede basarse en los parámetros de la Carta Democrática, que consagra el desarrollo de elecciones libres.
Consideró irresponsable la decisión del TSJ sobre los magistrados, cuando había argumentos de peso para recusar a Madriz y a Gil.
Añadió que el hecho más grave que inhabilita a Madriz, aparte de su ideología revolucionaria, fue el adelanto de opinión sobre las elecciones presidenciales, el cual hizo de forma escrita y distribuyó a los medios de comunicación el 18A en una rueda de prensa de la entonces presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales. Ese día la Sala Constitucional desechó la acción de amparo contra la juramentación de Nicolás Maduro hasta que el CNE hiciera el recuento del 100% de los votos, que solicitó Henrique Capriles.F.ElNacional
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